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  • Marta Castro y Ana María Henao

25N: el cuidado es un asunto de género y de derechos humanos


Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, DescLAB se une al llamado por garantizar los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Este día se ha constituido en un símbolo de activismo y de lucha feminista para reivindicar nuestros derechos y amplificar nuestras voces, en contextos de violencia basada en género y de propuestas anti-derechos que limitan nuestra autonomía, nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestra participación política, entre muchos otros derechos restringidos por las brechas de género que prevalecen en nuestra región.


La división sexual del trabajo, entendida como la responsabilidad desproporcionada asignada a las mujeres en trabajos de cuidado no remunerados e invisibilizados, es actualmente uno de los mayores retos para garantizar la igualdad, la no discriminación, así como para prevenir la violencia basada en estereotipos de género. La cultura patriarcal –arraigada en nuestros contextos–, fomenta la asignación de trabajos de cuidado no remunerados y no reconocidos como valiosos socialmente, a las mujeres y las niñas, lo que ha sostenido las amplias brechas de género. El impacto principal de esta división por género ha sido la invisibilización de las mujeres como sujetas de derecho y agentes principales en el sostenimiento de la vida y la economía.


Los estereotipos de género se reproducen socialmente en el núcleo familiar cuando las tareas de cuidado de otres, de sostenimiento del hogar y de organización familiar son asignadas directamente a las mujeres, tan solo por el hecho de ser mujeres. En los años 70 se sostenía que esta designación se daba por la creencia de la naturalidad con la cual las mujeres realizaban estas tareas, sin ningún esfuerzo adicional. Sin embargo, estas visiones han sido ampliamente criticadas al considerar que es una mirada determinista y que busca sostener que las mujeres tienen la única responsabilidad en la reproducción y el sostenimiento de los hogares y las familias.


Estas visiones impactan los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pues el trabajo de cuidado no remunerado y sin acompañamiento es asignado automáticamente en nuestro ciclo vital, perpetuando dinámicas de poder desiguales en nuestras relaciones. Además, el poco valor social y económico del cuidado y su no reconocimiento como un derecho universal y exigible, acentúa brechas de garantía de los derechos de mujeres y niñas indígenas y afrocolombianas, mujeres refugiadas o víctimas del conflicto armado y mujeres empobrecidas, quienes realizan estas labores para otros hogares, en condiciones de explotación y poco reconocimiento económico.


Estas limitaciones a nuestros derechos consisten, por ejemplo, en restringir a las niñas y adolescentes su derecho a la educación para que sigan realizando trabajos de cuidado en el hogar, replicando así ciclos de empobrecimiento y de bajo acceso a oportunidades de formación y de elección de su oficio o trabajo a futuro.


La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la cual Colombia es parte, establece en su artículo 10 que el exceso de cargas de cuidado puede resultar en el retiro de las mujeres de escuelas, colegios o universidades, restringiendo así la posibilidad de acceder a futuras oportunidades. De hecho, esta Convención en su artículo 11 también reconoce que estas dinámicas limitan el derecho al trabajo en condiciones dignas para las mujeres, restringiendo su labor a trabajos no remunerados y sin acceso a seguridad social. Las labores del cuidado han sido romantizadas, al vincularlas a actividades derivadas del amor y solapando dinámicas de desigualdad de género.


Si bien pensar la vida desde el cuidado es una apuesta feminista e implica un compromiso por el bienestar de nuestra red más cercana, éste no se debe constituir en una de las principales barreras para gozar de nuestros derechos humanos. El cuidado se compone de actividades en nuestro día a día y puede ser un trabajo solitario, desgastante y con grandes impactos para nuestra salud mental. Así, del desarrollo de arduas actividades diarias de cuidado, la suma de trabajos adicionales y el poco respaldo para llevar a cabo estas tareas, puede generar consecuencias en el mediano y largo plazo sobre el derecho a la salud física y mental de las mujeres. Además, su invisibilización tanto en nuestros núcleos más cercanos como a nivel social y estatal, reproduce dinámicas violentas en nuestros entornos.


El cuidado requiere tiempo, trabajo, vínculos sanos y de apoyo mutuo, requiere la igual participación de quienes necesitan algún apoyo y de quienes lo brindan y, sobretodo, requiere ser entendido como una forma de relacionamiento colectiva.


El cuidado es un derecho tanto de quien requiere un apoyo en su vida diaria, como para quien lo brinda. Este asunto es central también para prevenir violencias basadas en género pues de su entendimiento y valorización depende la transformación social colectiva hacia la igualdad, la no discriminación y la equidad de género. El reconocimiento del cuidado como un derecho, también implica un cambio en la manera como el Estado lo garantiza a todas las personas, y hace que este no dependa únicamente de la lógica del mercado, o de las redes familiares que lo delegan directamente a las mujeres, sino que implica entenderlo como una responsabilidad compartida entre las personas, la familia y el Estado. A la vez, puede fortalecer la autonomía de las niñas y las mujeres para decidir su rol en la familia y la sociedad, lo que puede derivar en una manera de prevenir las violencias en su contra.


La redistribución del cuidado fomentará la responsabilidad colectiva frente al tema y lo transformará también en un asunto de interés público y no solamente como un asunto privado de cada familia u hogar.


En una reciente Conferencia Regional sobre la Mujer denominada “La sociedad del cuidado: horizonte para un recuperación sostenible con igualdad de género”, la CEPAL hizo un llamado a transitar hacia la sociedad del cuidado que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, que proteja el planeta y que garantice los derechos de quienes requieren ser cuidados y de quienes cuidan. En su declaración final, se exalta el llamado a considerar el cuidado como un derecho basado en los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género.


Reconocer el cuidado en el centro y darle sustento como derecho humano no solo implica una transformación legal, sino también una transformación cultural y social, que ponga en el centro la comunidad y el apoyo mutuo en todas las etapas de nuestro ciclo vital.


Creemos que la reflexión por las violencias contra los cuerpos de mujeres y niñas está relacionada con la naturalización de las cargas de cuidado para las mujeres, continuamos en sociedades donde no hay un reconocimiento pleno de las mujeres como agentes activas de las comunidades y esto permite que la violencia siga ocurriendo. Avanzando por una sociedad que ponga el cuidado en el centro de la vida podremos caminar para una vida libre de violencias para las mujeres y niñas.


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