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  • Foto del escritorMarta Castro

DescLAB presentó Amicus Curiae ante la Corte Interamericana sobre el derecho al cuidado y su alcance

Actualizado: 11 dic 2023


Fotografía de máquina de escribir antigua
Créditos: Sergey Zolkin, Unspash

Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son un mecanismo por medio del cual la Corte responde consultas sobre la compatibilidad de las normas internas con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CAIDH) o la interpretación de la CAIDH o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Mediante las opiniones consultivas, la Corte puede aclarar dudas sobre el contenido mínimo de los derechos, los mecanismos de exigibilidad y así, asegurar su debida protección.


El 20 de enero del 2023, el estado de Argentina elevó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana titulada "El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos". En el escrito, se solicita a la Corte aclarar el contenido del derecho al cuidado, el derecho a ser cuidado y el autocuidado, así como su vínculo con otros derechos humanos y obligaciones del Estado en dicha materia. Entre las consultas formuladas, se destacan las siguientes preguntas:


  • ¿Son los cuidados un derecho humano autónomo consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

  • ¿Cómo entiende la Corte el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado?

  • ¿Qué obligaciones tienen los estados en relación con este derecho humano desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural y cuál es su alcance?

  • ¿Cuáles son los contenidos mínimos esenciales del derecho que el estado debe garantizar, los recursos presupuestarios que pueden considerarse suficientes y los indicadores de progreso que permiten monitorear el efectivo cumplimiento de este derecho?


Estas preguntas son sustentadas como temas que atañen la garantía de la igualdad y la no discriminación, así como la relación entre los cuidados y los derechos a la vida, la salud, el trabajo, la seguridad social, entre otros.


Al tratarse de un tema que atañe también al estado de Colombia, por ser parte de los diferentes instrumentos de derechos humanos regionales, en DescLAB presentamos un escrito sustentando la necesidad de que la Corte unifique su jurisprudencia frente al derecho al cuidado, sustente su calidad de derecho autónomo conforme a los estándares internacionales vigentes y brinde luces sobre su contenido mínimo y sobre la manera como los estados deben protegerlo, respetarlo y garantizarlo.


En el escrito enfatizamos en que, tanto en Colombia como a nivel regional, prevalecen brechas de género que limitan el goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Actualmente las violencias basadas en el género en todas sus formas, representan una preocupación latente en nuestras sociedades, pues la vida libre de violencias es la base para el ejercicio de los derechos de las mujeres. La desigual distribución de las tareas de cuidados amplía las brechas de acceso y garantía de derechos humanos de las mujeres y las niñas y a la vez, se constituye en un factor determinante para acentuar la situación de vulnerabilidad las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres con orientación e identidad de género diversa, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres defensoras de los derechos humanos, entre otras.


La división sexual del trabajo y la desequilibrada organización social del cuidado son una de las causas de las desigualdades de género y de la discriminación hacia las mujeres. Encuestas sobre uso del tiempo desarrolladas en 64 países muestran que cada día se dedican 16 400 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado. Esto corresponde a 2000 millones de personas trabajando ocho horas por día sin recibir una remuneración a cambio. Si estos servicios se valoran sobre la base de un salario mínimo horario, representan el 9% del Producto Interno Bruto mundial, lo que equivale a 11 billones de dólares de EE.UU” (El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2019).


Los trabajos de cuidados han sido relegados hacía un ámbito doméstico y socialmente se subestiman y desvalorizan a pesar de hacer posible la vida en comunidad. Además de esto, las mujeres, que según la Organización Internacional del Trabajo, realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, enfrentan barreras que son producto de desigualdades estructurales para acceder a un trabajo formal, digno y de calidad.


Colombia es un país con desarrollo legal y jurisprudencial nutrido frente a los derechos sociales, económicos y culturales (DESC). La cultura jurídica es reconocida a nivel latinoamericano y se destaca como un país con amplio desarrollo normativo. Si bien esto podría interpretarse como una ventaja, en términos prácticos ha resultado ser un entramado complejo de normas que sectorializa las respuestas sobre el cuidado. El tema es competencia de diversas entidadesy responde a una lógica sectorial que interpreta el cuidado como un servicio y no como un derecho. Hasta hace pocos meses el Congreso de la República aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad (Ley 2281 de 2023), bajo el cual se crea el Sistema Nacional de Cuidados. A pesar de los avances, llama la atención la no mención del derecho al cuidado tanto en leyes como resoluciones sobre el Sistema Nacional de Cuidados.


Las opiniones consultivas y la jurisprudencia interamericana dinamizan la comprensión y garantía de los derechos fundamentales, y por lo tanto, es importante dialogar con la formulación que realiza el tribunal constitucional para entender su abordaje. El contenido de las sentencias, en tanto en la contemporaneidad el papel de las juezas es parte esencial para la transformación social a través de la creación de enunciados normativos que apuestan por determinados modelos de sociedad. Comprender los cuidados como una obligación estatal –compartida con otros actores– podría generar mayor compromiso de las autoridades y no dependería de la voluntad política de los gobernantes de turno. En este sentido resulta necesario comprender las líneas interpretativas y definir el nivel de la discusión, establecer preguntas y posibles líneas de incidencia. El posicionamiento de los cuidados en el diálogo público es fundamental para generar transformaciones de largo alcance.


Consideramos entonces que lograr el reconocimiento del cuidado como un derecho sería una herramienta crucial para exigir al estado para que a través de los gobiernos, genere políticas para su garantía. Como lo mencionaba Pautassi (Pautassi, Laura, 2018, El Cuidado como Derecho), si bien el cuidado es un tema que es trasversal a los estándares internacionales de derechos humanos y en particular a los DESC, este no tiene autonomía ni es reconocido como derecho, sino que hace parte de otros derechos como la salud, el trabajo o la educación. Por lo tanto, lograr que el cuidado sea reconocido en estándares interamericanos, sería fundamental para su garantía y no dependerá de su nexo con otros derechos.


Para que el reconocimiento del cuidado como derecho no sea retórico, debemos darle interpretación, pues así será entendido como un derecho universal y no como un servicio que dependa de la voluntad política o la condición socioeconómica. No es lo mismo ser beneficiarios de un servicio del estado o de un servicio privado, a ser titulares de derechos.


Consideramos además que definir el cuidado como derecho, podría generar un impulso para que las mujeres en su diversidad tengan una herramienta para su exigencia. Esto aportaría al impulso social en su defensa y podría sumar para que desde la sociedad civil sigamos exigiendo nuestros derechos. Por otra parte, reconocerlo como un derecho implicaría quebrar aquellos estereotipos de género que sostiene el patriarcado, y que definen la división sexual del trabajo. Si hablamos de derechos, hablamos de universalidad, igualdad y no regresividad, lo que significa que es un asunto de toda la sociedad y no solo una labor de las mujeres.



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