Desde comienzos del año 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó el más reciente Censo de Población y Vivienda, 13 años después de aquel último realizado en 2005 y 25 años después de aquel realizado en 1993. Así pues, la recopilación de datos y cifras no es una tarea que pase con frecuencia en el país, por esa razón en esta nota les contaremos algunas ideas sobre la importancia que tiene el derecho a la recopilación de datos y cifras acerca de las personas con discapacidad.
Idea 1. Es un derecho.
El artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce el derecho a la recopilación de datos y estadísticas para todas las personas con discapacidad en el país. Además, fija obligaciones para el Estado sobre el adecuado manejo y difusión de la información.
Estos datos deben ser utilizados para la identificación y eliminación de barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Cabe resaltar que, el hecho de que el derecho esté fijado, en una convención que Colombia ha incorporado dentro de sus disposiciones normativas, lo hace en extremo importante, pues el Estado debe garantizar este derecho de manera prioritaria, así como su eficaz cumplimiento.
Idea 2. Saber poco sobre las personas con discapacidad justifica la inacción del Estado, hace parecer que no hay suficientes y que sus necesidades no son importantes.
El desconocimiento de la cantidad, distribución, características y condiciones de las personas con discapacidad hace parte del desconocimiento de su existencia y abre la puerta a vulneraciones de derechos. Ante esto, el Estado puede hacerse “el de la vista gorda” en cuanto a sus necesidades, ajustes razonables y mediadas de diseño universal que garanticen el goce efectivo de sus derechos como cualquier otro ciudadano.
La ausencia de datos y cifras sobre este grupo genera una invisibilización masiva y exclusión, pues estos quedan marginados de los asuntos públicos, ya que al no disponer de información adecuada, confiable, actualizada sobre ellos, los condena a ser ciudadanos de segunda categoría cuyos derechos no gozan del mismo nivel de protección y sus necesidades no son visibles en las decisiones públicas.
Idea 3. Permite saber con detalle cómo son las personas con discapacidad, su sexo, edades, niveles educativos, si trabajan, si cotizan a pensiones, dónde y cómo viven.
Es fundamental que exista información sobre las personas con discapacidad que ayude a conocer las condiciones personales y en el hogar. Saber cómo son; donde están; en qué posición socioeconómica se encuentran; qué acceso a la educación y salud están recibiendo, etc. Para, de este modo, garantizar mecanismos de ayuda para que diferentes organismos públicos y privados del país planeen y tomen decisiones de política pública, de desarrollo económico, bienestar social, empleo, vivienda, salud, migración, por mencionar algunos.
Entre más información exista sobre las personas con discapacidad y más conozcamos sobre ¿Cuántos son?; ¿Dónde están?; ¿Cómo viven? Esta información ayudará a la creación de programas, estrategias y servicios en clave de derechos humanos.