nadie: …
absolutamente nadie: …
Daniel Quintero Calle: “Presidente, llame a una Asamblea Nacional Constituyente”.
La noche del pasado lunes 25 de noviembre cerró el quinto día de la gran movilización social que comenzó el jueves con el llamado al paro nacional del 21N. El movimiento estudiantil, los sindicatos, los maestros, líderes de partidos políticos independientes y de oposición, organizaciones civiles y miles de ciudadanos libres salieron a marchar en diferentes ciudades del país.
Las protestas han mostrado unidad y resistencia ante la represión de la fuerza pública, tanto así que el jueves después de que en Bogotá el ESMAD expulsara violentamente a miles de manifestantes de la Plaza de Bolívar, en la noche se reagruparon espontáneamente en diferentes sectores de la capital, sacaron sus cacerolas y durante horas se escuchó en los barrios el ruido del golpe improvisado a ollas y sartenes, que sonaron como si fuera lluvia, como miles de gotas golpeando las ventanas, desde las que también se unieron más y más vecinos. El viernes, el eco del caos que insistentemente anticiparon los políticos más reaccionarios, principalmente miembros del partido de gobierno, acompañados de varios periodistas y medios de comunicación aliados (ver la portada de la revista Semana), combinó perfectamente con el pánico infundido en distintos barrios de Bogotá y Cali por la fuerza pública, que al parecer se acompañó de individuos que salían organizadamente de camiones exactamente iguales, en distintos barrios, a correr por las calles para ser perseguidos y nunca capturados por la policía.
Nada ha apagado la fuerza de la movilización, el sábado, el domingo, y el lunes miles de manifestantes regresaron a las calles en diferentes ciudades para una cacerolada bailable, para un concierto, para gritar arengas, para oponerse a la violencia del ESMAD durante las protestas -que asesinó a Dilan Cruz- y, claro, para seguir mostrando pacíficamente su inconformidad. Los principales temas que reclaman los participantes en el paro son:
Rechazar los asesinatos de líderes sociales en diferentes lugares del país donde las comunidades buscan el respeto de sus territorios. Por ejemplo, solo en el departamento de Cauca, durante 2019, han sido asesinados cincuenta y seis indígenas.
Exigir la implementación de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las Farc-EP y sus instituciones, así como la protección de la vida de quienes se encuentran en proceso de reinserción.
Rechazar los bombardeos en un campamento donde, por negligencia del Estado, murieron al menos 8 menores de edad en Caquetá y, también, el posterior ocultamiento de esta información por parte del Gobierno Nacional.
Exigir al Gobierno la protección del medio ambiente, entre otras cosas, que no impulse el “Fracking” o la minería en páramos. Igualmente, rechazar el regreso a la aspersión con glifosato y las pobres políticas ambientales del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.
Rechazar reformas neoliberales: al sistema de pensiones, a la educación, a la privatización de empresas estatales, la reforma tributaria, y la flexibilización laboral. Las y los jóvenes hoy se enfrentan a la precarización del trabajo y a condiciones laborales para ellas cada vez más inciertas. Asimismo, la clase media está hasta el cuello en deudas y debe pagar altos impuestos, mientras que los empresarios y las empresas que más utilidades generan en el país pagarán menos impuestos en los próximos años.
Exigir al gobierno de Duque el cumplimiento de los acuerdos realizados con el movimiento estudiantil en noviembre de 2018 sobre el presupuesto de las universidades públicas y para la investigación. Además, el respeto por la protesta de los estudiantes ante los casos de corrupción en la Universidad Distrital. El fin o la transformación del ESMAD y de una fuerza más humana, diría yo, que acompañe las marchas y no las reprima.
La corrupción, el fracaso de la democracia representativa y la necesidad de ampliar los espacios democráticos de participación directa, aumentar la descentralización política y administrativa.
El respeto por la libertad de expresión, que se ha visto violada por este gobierno en la prensa (por ejemplo, caso Juan Pablo Bieri) o en las artes (caso del 45 Salón Nacional de Artistas).
No hay duda de la importancia histórica de la movilización de estos últimos días, no solo por la gran cantidad de sectores sociales que agrupa y la diversidad de temas sobre los que se ha expresado inconformidad, sino también por la persistencia y la continuidad con las que se ha tomado espacio público: cinco días en las calles. Sectores de clase media urbana, generalmente percibidos como apáticos a la realidad del país rural y de los más pobres, se ha unido a la protesta. Están marchando al lado de los indígenas y campesinos: los Uniandinos y los Javerianos al lado de los sindicatos, las víctimas del conflicto y de Fecode; y muchos más ejemplos así en todo el territorio.
Sobre la asamblea nacional constituyente
Daniel Quintero Calle, alcalde electo de Medellín para el periodo 2020-2023, después de reunirse con el presidente en la reunión que este realizó el domingo 24 de noviembre con los alcaldes y gobernadores recién elegidos, le envió un comunicado a Iván Duque invitándolo a convocar, junto con los líderes sociales, a los académicos, a los campesinos, a los políticos y a los sectores económicos -siendo estos últimos los únicos con los que cuenta el gobierno-, a una Asamblea Nacional Constituyente. En los siguientes párrafos trataré de mostrar por qué la propuesta de Quintero Calle está mal enfocada, es ligera y no soluciona nada, mientras que introduce en el debate un elemento peligroso que puede ser aprovechado por los sectores más conservadores para imponer agendas regresivas en materia de la protección a los derechos humanos ya consagrados en la Constitución de 1991.
La propuesta de Quintero Calle es disonante con lo que se está pidiendo en las calles: en ninguna consigna, en ninguna pancarta, en ningún comunicado, tuit, o cualquier expresión de los líderes de la protesta, o de la gente en las calles, se llamó al presidente a que hiciera tal convocatoria. Además, propuestas como estas se insertan en lo más profundo de nuestra cultura legalista, siempre creyendo para enfrentar una coyuntura política importante se debe reformar la Ley o la Constitución. La del 91 apenas tiene 28 años, dejémosla madurar.
Ahora bien, la primera pregunta por resolver es qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Según la Constitución Política (artículos 374-376), es un mecanismo por medio del cual se puede reformar total o parcialmente la constitución. El Congreso debe convocarla a través de una Ley que contiene la competencia, el periodo y su composición. Debe ser aprobada por más de una tercera parte del censo electoral (es decir una amplia mayoría de la población). Si se determina su viabilidad en las urnas, los miembros serán elegidos por el voto directo de los ciudadanos, en elecciones independientes de otras: locales, de presidente o de Congreso.
La segunda pregunta es para qué una constituyente en esta coyuntura. Según Quintero la constituyente solucionaría los problemas de: centralismo excesivo; de reforma del congreso y de la justicia; de la corrupción; del campo; de empleo; de crecimiento de las empresas. Para él la solución a estos problemas que percibe, que no necesariamente están en lo expresado en el Paro Nacional, están en una reforma en “el andamiaje institucional”.
La mañana del lunes 25 de noviembre en entrevistaron a Quintero Calle la W y reiteró su opinión sobre la necesidad de una Asamblea. Agregó, entre otras cosas, que por la forma en la que está constituido actualmente el Estado le es imposible lidiar con las reformas que desde hace rato exige la ciudadanía. Dijo que aboga por un “pacto nacional” y que los problemas se resuelven haciendo cambios estructurales de la parte orgánica de la constitución. Sin mucha claridad, agregó que él no habla “de una reforma política sino estructural”. Pareciera que la propuesta del nuevo alcalde de Medellín es cambiar el empaque, esperando que con esto se cambie el contenido.
Primero, para responder a la propuesta de Quintero Calle, realizaré unas precisiones.
La Constitución Política de 1991 tiene tres grandes secciones que la definen y una parte final donde establece los mecanismos para su reforma:
La sección dogmática (Títulos I – IV), establece los principios y valores que la constitución asigna a la sociedad colombiana, como la igualdad, la dignidad humana, el Estado Social de Derecho y la solidaridad. También están en esta parte los derechos de los ciudadanos, los derechos colectivos y lo que se ha llamado la “Constitución Ambiental”. En este apartado están los mecanismos de participación ciudadana, ¿cómo podemos los ciudadanos comunicarnos con el Estado y cómo se debe comunicar el Estado en los niveles nacional, departamental y local con nosotros? Vale la pena rescatar que los derechos a la protesta, a la movilización social y a la asociación son fundamentales y no pueden ser reprimidos por el Estado, sobretodo cuando se llevan de forma pacifica.
La sección orgánica (Títulos V – XI) instaura la distribución del poder en cabeza de los aparatos legislativo, ejecutivo y judicial, así como el control a ese poder, por ejemplo, en cabeza de la Procuraduría, Contraloría y la Defensoría. El poder debe regirse también por principios como el de la separación de poderes, el de colaboración armónica, el de coordinación, o el de la participación y vigilancia ciudadana en los procesos de toma de decisión.
La sección económica (Título XII), que establece el rol del Estado y de los agentes privados en la economía y en la prestación de los servicios públicos, el presupuesto, la distribución y el manejo de los recursos. También crea un andamiaje institucional de administración de los recursos y de dirección de la economía (como el Banco de la República o el Departamento Nacional de Planeación). Esta sección también contiene los lineamientos del modelo neoliberal, en el que el Estado funge como un actor más dentro del mercado y debe proveer los servicios públicos, garantizar los derechos de los ciudadanos y cumplir con sus obligaciones constitucionales, favoreciendo siempre la participación privada y del sector financiero. Este marco neoliberal fue la semilla para que desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se comenzaran las incontables reformas a la salud, a las pensiones, a los servicios públicos domiciliarios; o que se privatizaran la gran mayoría de las empresas del Estado. En medio de las protestas, este lunes 25 de noviembre de 2019, se expidió un decreto en el Ministerio de Hacienda en este mismo sentido, el nuevo holding “Banco Bicentenario”, que incluye a 18 empresas financieras del Estado, ahora estructuradas en la misma forma en que opera el sector financiero privado.
En su parte final, la constitución establece sus mecanismos de reforma (Título XIII): la Asamblea Nacional Constituyente, el referendo o por medio de acto legislativo en el Congreso (art. 374).
Este último punto es importante que lo tenga en cuenta Quintero Calle, quien pareciera desconocer que los mecanismos de reforma constitucional permitidos por la Constitución del 91 incluyen otros diferentes a la Asamblea Nacional Constituyente, o que se han intentado más de 48 reformas constitucionales, de las cuales 5 han sido declaradas inexequibles, es decir en total se han efectivamente realizado 43; la mayoría relacionadas con temas económicos o con temas de organización del Estado. Todas han sido por medio del trámite de Acto Legislativo en el Congreso de la República. Esto demuestra que la constitución política colombiana es bastante flexible y permite cambios y ajustes dentro de la democracia representativa, así como por medio de la voluntad popular, directamente, a través del referendo.
El llamado de Quintero Calle a una reforma orgánica del Estado debe ser más precisa, ya que se han intentado antes reformas institucionales similares a la que él plantea, como la fallida reforma a la justicia en el gobierno de Santos o la reforma de equilibrio de poderes, que fue declarada exequible parcialmente por la Corte Constitucional. Todas en el marco de la actual Constitución, pero con poca participación directa de los ciudadanos en el debate público y lejos de solucionar de fondo los problemas institucionales, incluso acrecentándolos, como el tema pensional.
La Constitución del 91 es progresista y democrática, propone un modelo de país solidario, democrático, pluralista y fundamentado en el respeto por los derechos humanos. Además, en el Estado Social de Derecho la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social y la igualdad deben prevalecer sobre los demás principios constitucionales. Sin embargo, los gobiernos y los congresos elegidos desde su vigencia han favorecido el desarrollo del modelo neoliberal, el cual quedó establecido como posibilidad en la sección económica de la Constitución. Es decir, desde su creación, la Constitución ha encontrado en la práctica constantes tensiones y contradicciones entre su parte dogmática (la de los derechos) y su parte económica (de corte neoliberal). Eso no quiere decir que el aparato político del Estado, en cabeza del presidente, sus ministros y el Congreso, no puedan darle un giro y reconozcan que estas reformas han generado el descontento social en muchos de los temas por los que hoy se protesta.
Para aterrizar la discusión a un caso concreto de interés dentro de las marchas de los últimos días, una de las reformas más representativas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no por vía de reforma a la Constitución, sino por trámite legislativo ordinario, fue la Ley 789 de 2002. Esta normativa flexibilizó la contratación laboral y ha generado que muchos de los jóvenes que ingresan al mercado laboral deban someterse, en el mejor de los casos, a la inestabilidad del contrato de prestación de servicios. Se volvieron la regla general los contratos precarios a un mes o a tres meses, los contratos a través de empresas de servicios temporales, de cooperativas y de las demás figuras que favorecen la desprotección de los trabajadores, o, peor aún, la explotación y la precarización laboral sin que medie la Ley. Por esto marchan los jóvenes y los sindicatos. Entonces, ¿es necesaria la Asamblea Nacional Constituyente? No. Como solución se puede hacer, por un lado, una reforma legal y, por el otro, promover que el Estado elimine los contratos de prestación de servicios para los contratistas que en la práctica cumplen funciones misionales en empresas y entidades públicas. También, se pueden acabar con las empresas temporales de contratación y exigir que los contratos laborales sean la regla y no la excepción. Además, el Gobierno puede efectivamente demandar, a través del Ministerio de Trabajo, a los empresarios, grandes y pequeños, que garanticen condiciones de trabajo dignas para sus empleados, haciendo uso de los inspectores de trabajo.
Quintero Calle debería tener en cuenta que las demandas que confluyen en el paro son diversas e implican, por tanto, distintos procedimientos de reforma legal, constitucional, de política pública, o de acción u omisión por parte del Estado. Por ejemplo, en el tema ambiental: por un lado, el “Fracking” y la minería en los páramos implican obligaciones de no hacer para el Estado, su compromiso sería abstenerse de licenciar cualquiera de las dos. Por el otro lado, debería reducir la meta que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a la tala de miles de hectáreas de bosque en 4 años o la meta de aletas de tiburón permitidas al año que estableció en la Resolución 350 de 2019, es decir implicaría un compromiso de hacer. Ninguno de las dos requiere reformas constitucionales, sí requieren compromiso.
Llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, además de no hacer parte de las demandas de los ciudadanos y de no ser la solución a ninguno de sus reclamos, también se enfrentaría un sistema político de muy baja legitimidad, corrupto y que no representa los intereses reales de los ciudadanos. Hasta la izquierda más extrema del país, representada en las Farc-EP aceptó en 2016 dejar las armas y entrar a la política usando como marco de acción la Constitución vigente. En el paro se está exigiendo que se cumplan los acuerdos, que se proteja la vida de las y los líderes sociales y de quienes están en proceso de reinserción. Es cuestión de cumplir los acuerdos, no de cambiar la Constitución. ¿Es necesario cambiarla? ¿Quién se beneficiaría en la coyuntura actual?
La Constitución de 1991 le entrega a los políticos y funcionarios una gran caja de herramientas y un amplio margen de maniobra, por eso debemos releerla, redescubrirla, utilizarla para defender nuestros derechos y exigirle al Estado que cumpla sus obligaciones. También criticarla y encontrar aquellas cosas por mejorar para el bienestar de todos. La protección de la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la protección de los derechos humanos, la democracia participativa (por encima de la representativa) y el Estado Social de Derecho, son principios y valores suficientes para exigirle al gobierno que, en el marco de la Constitución Política vigente, realice las reformas necesarias para solucionar los problemas sociales que se reclaman en las protestas.
En fin, dentro de sus argumentos, Daniel Quintero Calle se enfoca solo en una reforma a la parte orgánica de la Constitución, pero el foco realmente debería estar con más fuerza en la reforma al modelo neoliberal en materia de tributación, de pensiones, de educación, de la salud y del trabajo, que es en gran medida lo que ha alimentado el malestar ciudadano. No debemos permitir que el discurso de la Asamblea Nacional Constituyente permee el debate, pues además de ser un mecanismo innecesario para dar solución a los problemas que plantea la coyuntura actual, puede ser utilizado por sectores políticos reaccionarios que tienen una agenda perversa y mayor representatividad en el Congreso.
Mientras que las movilizaciones siguen en las calles, Iván Duque anunció la agenda de lo que llamó “Conversación Nacional”, que es una imposición del Gobierno para discutir los ejes de su Plan de Desarrollo, al que se están oponiendo hoy los manifestantes: "Crecimiento con Equidad, Transparencia y lucha contra corrupción, Educación, Paz con Legalidad, Medioambiente y fortalecimiento de las instituciones". El tema del ESMAD no entrará dentro de la discusión, omitiendo que los estudiantes llevan oponiéndose al uso de la violencia por parte de este grupo de la Policía Nacional desde hace meses, y muy a pesar del asesinato de Dilan Cruz.
Finalmente, el Gobierno debe dejar el discurso estigmatizador de la protesta, repitiendo de manera contraevidente que las manifestaciones han sido violentas, que son parte de un complot internacional, que no tienen ningún propósito y que solo buscan generar caos. Se le olvida que las movilizaciones pacíficas son un derecho fundamental y que constituyen un elemento esencial de la participación política legítima en una democracia. Ojalá abra los oídos y escuche a la gente en las calles, que lo están llamando con cantos, cacerolazos, arte y bailes. Ojalá se siente a dialogar sin imponer su agenda o la de su partido, y que no se le olvide para quién gobierna.