En los próximos meses, la Corte Constitucional enfrentará una decisión que no admite evasivas. El caso de Catalina Giraldo, psicóloga de 30 años, con un diagnóstico psiquiátrico grave, persistente y refractario a múltiples tratamientos, no es solo una historia de sufrimiento prolongado, también es la evidencia de una falla estructural del Estado. En Colombia, la asistencia médica al suicidio (AMS) fue despenalizada en 2022.

Ayer, 15 de marzo de 2026, Colombia se acostó a dormir con la noticia de Catalina Giraldo, la primera persona en solicitar –públicamente– el acceso al procedimiento médico de Asistencia Médica al Suicidio (AMS). El caso de Catalina pone sobre la mesa un tema que, históricamente, ha estado rodeado de distintos discursos, narrativas y tabúes, especialmente por aquellos que suponen juicios morales sobre la persona que termina con su propia vida, la forma en que ésta lo lleva a c

En los próximos meses, el caso de Catalina Giraldo llegará a la Corte Constitucional. Cuando eso ocurra, la Corte tendrá en sus manos la posibilidad de definir si la asistencia médica al suicidio (AMS) es un mecanismo efectivo dentro del derecho fundamental a morir dignamente, o si seguirá atrapado en un vacío normativo –que la misma Corte creó– y que lo ha vuelto inaccesible en la práctica para los colombianos a pesar de estar despenalizado desde 2022.

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