La asistencia médica al suicidio: el reto de superar la inacción institucional

En los próximos meses, la Corte Constitucional enfrentará una decisión que no admite evasivas. El caso de Catalina Giraldo, psicóloga de 30 años, con un diagnóstico psiquiátrico grave, persistente y refractario a múltiples tratamientos, no es solo una historia de sufrimiento prolongado, también es la evidencia de una falla estructural del Estado. En Colombia, la asistencia médica al suicidio (AMS) fue despenalizada en 2022. Sin embargo, hoy sigue siendo inaccesible. Catalina no enfrenta únicamente su enfermedad; enfrenta una contradicción jurídica, un derecho reconocido que, en la práctica, se le niega.

Este no es un vacío menor, es una fractura en el Estado de Derecho. Desde la Sentencia C-239 de 1997, pasando por la T-970 de 2014, hasta la C-164 de 2022, la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial clara y progresiva en torno al derecho fundamental a morir dignamente. Este derecho no se limita a tolerar la muerte, sino que exige garantizar que, en determinadas condiciones, las personas puedan decidir sobre el final de su vida de manera libre, informada y consciente. Y aquí está el punto central, jurídico, pero también profundamente humano: esa decisión debe poder realizarse de forma segura, acompañada y protegida. No como una concesión, sino como una exigencia constitucional.

Lo que hoy ocurre es abiertamente problemático debido a que la ausencia de regulación ha sido convertida en excusa para bloquear un derecho fundamental. Las instituciones de salud, amparadas en ese vacío, actúan como si la AMS no existiera, desconociendo que la jurisprudencia constitucional tiene efectos inmediatos. Esto no es solo una omisión administrativa o legislativa; es una forma de negación material de la Constitución. Cuando el Estado reconoce un derecho pero no garantiza su ejercicio, lo que produce no es neutralidad; es exclusión, es sufrimiento, es abandono.

Pero hay algo aún más delicado en este debate, y es la forma en que se ha simplificado la conversación. Durante años, el discurso institucional ha girado, con razón, en torno a la prevención del suicidio como un asunto de salud pública. Sin embargo, insistir en que toda solicitud de muerte debe ser tratada exclusivamente como un problema de prevención no solo es conceptualmente incorrecto, sino éticamente problemático. La AMS no pertenece al ámbito de la crisis o la impulsividad. Pertenece a escenarios de sufrimiento persistente, clínicamente evaluado, donde la decisión de morir es sostenida, informada y coherente con la trayectoria vital de la persona. Negarse a distinguir estos escenarios no protege la vida, por el contrario la desdibuja y la reduce a una obligación abstracta.

Y aquí es donde la discusión deja de ser solo jurídica y se vuelve profundamente incómoda. Porque hablar de la muerte sigue siendo, para muchos, un tabú. Pero ese silencio tiene consecuencias reales. Cuando el derecho no ofrece una vía segura, acompañada y protegida, las personas no dejan de morir… mueren solas, en condiciones inseguras, muchas veces de formas violentas, dejando tras de sí no solo su propio sufrimiento, sino el de quienes quedan. Negar la AMS no elimina la decisión de morir; la empuja hacia formas más crueles e indignas.

El caso de Catalina nos enfrenta a una pregunta que no podemos seguir evitando: ¿estamos dispuestos a respetar la autonomía incluso cuando incomoda nuestras convicciones más profundas? Porque eso es, en esencia, lo que está en juego. No se trata de promover la muerte, sino de evitar que ocurra en las peores condiciones posibles. No se trata de renunciar a la vida, sino de reconocer que, en ciertos casos, insistir en ella puede ser la forma más extrema de sufrimiento.

La Corte Constitucional ya abrió la puerta. Hoy, el desafío no es teórico ni simbólico, es decidir si estamos dispuestos a dejar de negar la realidad. Porque mientras el derecho a morir dignamente se queda en las sentencias, las personas siguen muriendo solas, en silencio y en condiciones indignas. No hablar de esto no nos hace más humanos; nos hace cómplices. Y si no somos capaces de tener estas conversaciones incómodas, en el derecho, en las instituciones y en nuestros propios hogares, entonces el problema no es la falta de regulación, es nuestra incapacidad de asumir lo que significa realmente respetar la dignidad.