DescLAB lleva a cabo desde 2017 una estrategia de monitoreo e incidencia permanente sobre el derecho a morir dignamente en Colombia y en América Latina. La recolección y análisis de cifras disponibles se logra a través del trabajo permanente de nuestros investigadores a través de requerimientos a las autoridades y acciones judiciales para lograr el acceso a la información. Los resultados son publicados desde el 2021 a través de los informes «De Muerte Lenta».
Se trata de un tema que goza de una amplia favorabilidad en la población colombiana, cuyo ejercicio y exigencia ha crecido de forma sostenida desde 2015 y hasta diciembre de 2022, fecha de corte de la información disponible con la cual se elabora este artículo. Es un derecho y acto médico cuyo ejercicio en la población en Colombia ha crecido de manera importante y sostenida a lo largo de años; que se ejerce en un relativo balance entre hombres y mujeres. Su acceso está concentrado geográficamente en las principales ciudades colombianas y −en dichos lugares− se encuentra concentrado en algunas instituciones prestadoras de servicios (IPS) específicas; se trata de un acto médico poco extendido en el territorio nacional y poco extendido en el Sistema de Salud colombiano.
Favorabilidad de la eutanasia en la opinión pública colombiana.
De acuerdo con los más recientes resultados de la encuesta «Colombia Opina» de la firma Invamer, el 70,1 % de las personas en Colombia están de acuerdo con la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando se experimenta sufrimiento físico y psíquico producto de lesiones corporales y enfermedades graves e incurables. El punto más alto de favorabilidad se registró en agosto de 2021 con el 72,5 % a favor y el más bajo en febrero de 2022 con el 68,5 % a favor. Las cifras de favorabilidad han sido más altas en las ciudades capitales (74,9 %) que en las ciudades no capitales (64,4 %).
Según los resultados de la encuesta «Polimétrica» de la firma Cifras y Conceptos, solamente el 19 % de la población colombiana quiere que la eutanasia sea prohibida de forma completa, mientras que el 38 % está a favor de la legalización total y un 37 % permanece en una posición neutra frente al tema.
Estas altas cifras de aprobación sobre la eutanasia contrastan con las bajas cifras de aprobación de otros asuntos que generan debates de intensidad similar en la sociedad colombiana, particularmente: el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo con una aprobación del 39,3 %, la adopción por parte de parejas del mismo sexo con una aprobación del 29,7 %, la legalización del consumo de marihuana con el 29,7 % y el aborto hasta la semana 24 con el 17,2 %.
Procedimientos de muerte médicamente asistida realizados: el aumento sostenido de las decisiones autónomas sobre el fin de la vida.
Desde 2015 –año en el que se reglamentó la eutanasia y comenzó el registro de los procedimientos– y hasta el 31 de octubre de 2022, se han realizado 322 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en Colombia.
Estas son solo las cifras oficiales, es decir, de aquellos procedimientos desarrollados conforme a las normas y en el marco del Sistema de Salud. A pesar de que el procedimiento está cubierto en el plan de beneficios en salud (PBS) y es gratuito, muchas personas, profesionales y entidades continúan desarrollando e intermediando este procedimiento de manera privada. No es posible estimar el número de eutanasias que se llevan a cabo en las casas, con la ayuda de las familias y profesionales de la medicina que cobran por ello y en donde el cumplimiento de los requisitos es oscuro y los controles por parte de los comités son inexistentes.
A la fecha, el 2022 es el año con más eutanasias practicadas en Colombia. En total, al corte del 31 de octubre de dicho año se han desarrollado 99 procedimientos. Es un número alto si se compara con 2015 −primer año de aplicación de la Resolución 1216 de 2015 (hoy derogada)− en el que se desarrollaron solamente 4 procedimientos.
Es decir, la práctica de la eutanasia se ha multiplicado por 24 en 8 años, una cifra nada despreciable que muestra que a medida que pasa el tiempo, que el tema se posiciona en los medios de comunicación y en la opinión pública y las personas tienen conversaciones familiares sobre el tema, más personas están interesadas en tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas.
En el 2022 se llevaron a cabo un promedio de 8,25 procedimientos eutanásicos al mes. Los 99 procedimientos representan el 30,8 % de todos los procedimientos realizados desde que se tiene registro. El aumento de casos para este año presentó una estabilización en relación con el año anterior, con un aumento de solamente del 4,21 %.
Las solicitudes de muerte médicamente asistida en Colombia: la puerta de entrada al procedimiento.
La información y datos disponibles desde 2015 se refieren únicamente a los procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia que han sido efectivamente practicados. Gracias a la implementación del SRSE ordenado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-423 de 2017 –puesto en marcha de manera efectiva por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 971 de 2021–, hoy es posible conocer información detallada que va desde las solicitudes, la activación de los comités, la negación de los procedimientos y la práctica efectiva de los mismos. El SRSE comenzó a implementarse y a proveer información a partir del 1 de octubre de 2021 y los datos se reportan con corte al 31 de octubre de 2022. Previo a ese periodo, la información detallada no se encuentra disponible.
Desde la implementación del SRSE se han registrado 348 solicitudes de eutanasia. A lo largo de 2022 (desde enero y hasta el 31 de octubre) las personas en Colombia han elevado 318, es decir, un promedio de 31,8 solicitudes por mes. Es decir que —para dicho año— por cada procedimiento que efectivamente fue practicado se hicieron 3 solicitudes. Esta cifra contrasta con el promedio mensual de procedimientos efectivamente realizados en el mismo año que corresponde a 8,25 procedimientos al mes.
Distribución por sexo de la muerte médicamente asistida: mujeres y hombres acceden con relativo balance.
Con corte a octubre 31 de 2022, 170 hombres (52,8 %) y 151 mujeres (46,9 %) ejercieron el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia. En 2022 se registró por primera vez un (1) procedimiento en una persona trans. No se han registrado casos de personas intersexuales.
Cuando los datos se analizan de forma agregada es posible encontrar un relativo balance entre hombres y mujeres en el acceso a la muerte médicamente asistida. Sin embargo, por primera vez es posible reportar la distribución por sexo a lo largo del periodo comprendido entre 2015 - 2022 y los hallazgos desagregados llaman la atención.
En el 2021, el 55,8 % de los procedimientos se llevó a cabo en hombres (53 casos) y el 44,2 % en mujeres (42 casos). Para este año la brecha se invierte a favor de los hombres pero se cierra de forma importante para acercarse a un relativo balance.
El año con el mayor balance es el 2022, el 49,5,8 % de los procedimientos se llevó a cabo en hombres (49 casos) y el 49,5 % en mujeres (49 casos). En este año se reportó el primer procedimiento sobre una persona trans.
Distribución geográfica de la muerte médicamente asistida: concentración de los procedimientos en las dos principales ciudades de Colombia.
Con corte al 31 de octubre de 2022, los procedimientos de eutanasia se concentraron en Antioquia (Medellín) y en Bogotá (capital de Colombia). En Antioquia se desarrollaron 163 procedimientos (50,6 %) y en Bogotá 96 procedimientos (29,8 %). En conjunto, estas dos ciudades agrupan el 80,4 % de procedimientos llevados a cabo en Colombia. 5 de cada 10 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia se llevan a cabo en Antioquia y 3 de cada 10 en la ciudad de Bogotá.
El restante 19,6 % de procedimientos eutanásicos desarrollados se encuentran en Valle del Cauca (Cali) con 33 casos que representan el 10,3 % y en Risaralda (Pereira) con 19 casos que representan el 5,9 %. En Caldas (Manizales) se han registrado cuatro casos, mientras que en Bolívar (Cartagena), Santander (Bucaramanga) y Quindío (Armenia) se han registrado dos casos en cada uno de los lugares.
Entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 se han reportado 348 solicitudes de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Bogotá concentra el 54 % (187 solicitudes) y Antioquia el 30 % (104 solicitudes). Estos datos contrastan con la distribución geográfica de los procedimientos efectivamente realizados en 2022, año en el cual el 53,5 % se concentró en Antioquia y el 23,4 en Bogotá. A pesar de que en Bogotá se hacen más solicitudes, en Antioquia se llevan a cabo más procedimientos.
Distribución por edad de la muerte médicamente asistida: un procedimiento llevado a cabo exclusivamente en personas mayores de edad
Todos los procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia (322 casos) llevados a cabo en Colombia se practicaron sobre personas mayores de edad, es decir, personas mayores de 18 años.
De acuerdo con los reportes más actualizados del Ministerio de Salud y Protección Social, la edad promedio de quienes han solicitado el procedimiento de muerte médicamente asistida es de 62 años. Se trata, así, de un procedimiento llevado a cabo principalmente sobre personas mayores que no tienen una edad avanzada. Cuando este dato se compara con los años de esperanza de vida al nacer, que para el 2020 correspondían en promedio a 77,4, la edad promedio de acceso a la muerte médicamente asistida se situó 15 años por debajo.
Concentración de los procedimientos en personas con cáncer y el aumento de los procedimientos en las enfermedades neurodegenerativas.
En Colombia, los diagnósticos oncológicos son el principal tipo de enfermedad por la cual las personas solicitan la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Actualmente, el 80,4 % de todos los procedimientos de eutanasia (259 casos) fueron practicados a personas que tenían un diagnóstico principal relativo al cáncer. Los diagnósticos no oncológicos son la minoría de las causas por las cuales las personas solicitan la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Solamente 19,6 % de todos procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia (63 casos) corresponde a enfermedades no relacionadas con el cáncer.
Uso de documentos de voluntad anticipada: la falta de conocimiento y uso de esta herramienta para tomar el control sobre el fin de la vida.
La toma de decisiones anticipadas sobre el fin de la vida a través de los DVA sigue siendo de baja ocurrencia. Con corte al 31 de octubre de 2022, de las 322 personas que accedieron a la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia, solamente el 23 % (80 personas) había diligenciado un DVA. El restante 75 % (242 personas) no lo había diligenciado. Dada la ausencia de un registro unificado de DVA y de la falta de implementación de la historia clínica digital e interoperable, no es posible saber cuántas personas han tomado decisiones anticipadas y solo es posible conocerlo cuando han accedido al procedimiento de eutanasia.
El diligenciamiento de los DVA es más alto en la ciudad de Bogotá en donde el 41,6 % de los procedimientos realizados contó con un DVA diligenciado (40 casos de 96); en segundo lugar, el Valle del Cauca con el 24,3 % (8 casos de 33) y en tercer lugar, Antioquia con el 15,4 % (26 casos de 163). A pesar de que este último es el departamento con mayor cantidad de procedimientos, el uso de los DVA se encuentra mucho menos extendido que en otros lugares de Colombia.
La red de prestadores de servicios de salud: los responsables de hacer efectivo el derecho a morir dignamente.
De acuerdo con los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud, 34 empresas aseguradoras (EPS y EAPB) reportaron su red de prestadores contratada para llevar a cabo procedimientos eutanásicos. Dichas redes cubren el Distrito Capital de Bogotá y 24 departamentos en donde el procedimiento de eutanasia se presta a través de 105 IPS únicas. Algunos de los departamentos más alejados de las zonas centrales y menos desarrollados socioeconómicamente no tienen cobertura alguna reportada: Chocó, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada y Arauca.
Que las IPS estén contratadas es solo un indicativo inicial de disponibilidad: las personas cuentan con clínicas y hospitales que ofertan el servicio de la eutanasia. El uso del servicio, su oportunidad y calidad son discusiones diferentes. De las 105 IPS contratadas por las empresas aseguradoras, se cuenta con información detallada para 89 de ellas, es decir, para el 84,7 % de los prestadores de servicios.
Para el universo de las 89 IPS sobre las cuales se tiene información detallada, 76 de ellas (85,4 %) reportaron tener el protocolo institucional que ordena tener las normas reglamentarias de la Superintendencia Nacional de Salud. Trece IPS (14,6 %) reportaron no tener el mencionado protocolo institucional. El mencionado protocolo es un esfuerzo institucional ordenado por la autoridad de salud para organizar internamente las IPS para recibir las solicitudes, dar trámite y respuesta a las mismas, así como fijar las funciones de los Comités, determinar su composición y ejercicio de la secretaría técnica entre otras obligaciones jurisprudenciales y reglamentarias.
Así como los procedimientos de eutanasia se encuentran concentrados geográficamente, también se encuentran concentradas tanto las solicitudes como su práctica en algunas IPS específicas. Es decir, aunque se reportan más de 105 IPS contratadas para prestar el servicio en múltiples departamentos y municipios del país —en la práctica— solamente 34 IPS han recibido y reportado solicitudes de los ciudadanos para acceder a la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia, es decir, solo el 32,4 % de las IPS contratadas y disponibles recibieron solicitudes.
El reto de contar aquello que aún no se cuenta: las cifras pendientes sobre la muerte digna en Colombia
A pesar de los avances relatados y de las cifras disponibles, todavía hay aspectos del derecho a morir dignamente que no cuentan con la información ni con la transparencia necesaria para hacer un seguimiento y monitoreo completo y, así, poder identificar brechas, barreras y dificultades adicionales.
Primer pendiente: saber más sobre la AET. A pesar de que la AET es uno de los mecanismos plenamente reconocidos para ejercer el derecho a morir dignamente y su reglamentación ha sido ordenada por la Corte Constitucional, no existe información disponible sobre este mecanismo ni sobre los múltiples procedimientos que pueden materializarlo. Esta situación de oscuridad y falta de transparencia hace que las acciones –y omisiones– queden sin registro alguno y los procesos dependan solamente de la voluntad de los profesionales de la medicina y de las instituciones prestadoras de servicios en donde se ubican.
Segundo pendiente: saber más sobre la práctica de la sedación terminal. La sedación terminal hace parte de los cuidados paliativos y es un procedimiento que consiste en disminuir de manera deliberada la consciencia de la persona enferma mediante ciertos medicamentos para evitar el sufrimiento causado por síntomas que no pueden ser controlados por los tratamientos disponibles. A diferencia de la eutanasia, un procedimiento que requiere de una sola acción para causar la muerte, la sedación terminal requiere del suministro de medicamentos durante horas o días hasta que la persona muera de manera natural. La sedación terminal es un procedimiento ampliamente realizado y aceptado en Colombia. Sin embargo, no se lleva a cabo ningún tipo de registro del mismo. No se registran las solicitudes, no se registran las decisiones frente al mismo, mucho menos se registra la información de cuándo es llevado a cabo.