Vienen elecciones locales (de alcaldes y gobernadores) y este es el momento para exigirles que se tracen metas poderosas en relación con la educación inclusiva. Como sociedad civil debemos estar atentos a los recursos que se reciben de la Nación, pero también a los recursos propios que se invierten y, lo más importante de todo: en que se invierten.
Tarea 1. Fijarse metas reales sobre educación inclusiva, que se logren y puedan medirse en el tiempo. Se habla mucho de educación inclusiva, las mismas frases de cajón: los niños y las niñas son lo más importante, la educación es una prioridad y nos ayuda a transformar la sociedad. Mientras las repetimos los problemas estructurales siguen:
Los niños y las niñas no acceden a la escuela.
Los amenazan con excluirlos.
No les brindan apoyos ni ajustes razonables.
No los evalúan, los reprueban injustificadamente.
No les enseñan, no los toman en cuenta.
Y así sucesivamente.
Los alcaldes deben trazarse metas ambiciosas y reales cuando se trata de educación inclusiva: aumentar el acceso, la cobertura, garantizar que todos los colegios reciban niños con discapacidad, garantizar que todos los niños tengan PIAR, proveer suficientes docentes de apoyo para todos los colegios que tengan estudiantes con discapacidad, ampliar la aoferta de alfabetización y educación para adultos, crear ofertas inclusivas de formación para el trabajo y para la vida independiente.
En el informe #EscuelaParaTodos: panorama y retos de la educación inclusiva en Colombia les contamos los principales retos que tiene Colombia, ahí está el insumo para exigir cosas concretas a los gobiernos locales que vamos a elegir a finales de octubre.
Tarea 2. Meterse la mano al bolsillo e invertir recursos propios. Grandes metas requieren grandes inversiones, de lo contrario es pura cháchara del político de turno. Ahora, los recursos que transfiere el MEN no van a ser nunca suficientes. La segunda tarea es que los alcaldes, las gobernadoras y sus secretarías de educación se tomen en serio a los niños y niñas con discapacidad e inviertan recursos propios.
La mayoría de alcaldías y gobernaciones solo invierten en educación inclusiva los dineros que les giran desde Bogotá, por eso las organizaciones de personas con discapacidad deben estar atentas a cómo se gastan los recursos y cuánto ponen del presupuesto municipal y departamental.
Es una buena idea interponer derechos de petición haciendo preguntas como:
Cuántos recursos recibe el municipio o el departamento para la educación inclusiva.
Cuántos recursos propios invierte.
A través de qué contratos o convenios se invierten esos recursos, cuáles son los objetos de esos contratos, quiénes desarrollan esas acciones.
Tarea 3. Reportar a los niños y niñas en el SIMAT, pero desde el Colegios, no contratando fundaciones para diagnosticar estudiantes. La principal fuente de recursos para financiar la educación inclusiva, en las escuelas públicas, es a través de los dineros que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) le gira a los departamentos y municipios.
Es sencillo, por cada niño o niña matriculada en los colegios públicos el MEN gira un valor, cuando se trata de un niño o niña con discapacidad gira un valor adicional. La primera tarea es ser juiciosos reportando a todos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), que no es otra cosa que una plataforma donde se registran los datos de los estudiantes, desde el nombre, pasando por la discapacidad, y llegando a si recibe alimentación escolar o transporte.
El SIMAT tiene información de los más de 10 millones de niños y niñas matriculados, sirve para saber quiénes y cómo son, dónde están, cómo se mueven en el sistema educativo o si desertan del mismo. Para tener más recursos para la educación inclusiva hay que registrar juiciosamente a los niños y niñas con discapacidad.
La identificación de los niños debe hacerse en la escuela, a través de las valoraciones pedagógicas y la elaboración de los PIAR. A muchos alcaldes y gobernadores les encanta contratar a terceros (universidades y fundaciones) para hacer valoraciones psico-pedagógicas. Nada más nefasto. Durante décadas hemos visto el aterrizaje de los psicólogos a las escuelas a desarrollar pruebas de inteligencia, medicalizando y catalogando a los niños en diagnósticos irrelevantes para el maestro. La valoración debe hacerse desde la escuela, con el saber de los maestros, a partir de la experiencia escolar.
Tarea 4. No contratar a dedo, hay que hacer procesos de selección en donde se presenten varios aliados y elegir la mejor propuesta. Durante más de 10 años los recursos de la educación inclusiva se han usado para contratar a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro --unas buenas y otras perversamente malas-- encargadas de contratar ejércitos de intérpretes, psicólogas, pedagogos, educadoras especiales, fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones y, a veces, médicos y enfermeras.
Esto les encanta a la mayoría de políticos, porque no hay que ser un genio para saber que la mayoría de esas fundaciones eran cercanas a ellos, por ahí se pagan favores y otras mañas ampliamente conocidas. Resulta que eso ya no es posible pues el Decreto 092 de 2017 impide que esas fundaciones sean contratadas a dedo, ahora hay que hacer un concurso o proceso de selección. No se solucionó el problema, pero la pusieron más difícil.
Tarea 5. No asumir qué necesitan los estudiantes y partir de las necesidades educativas para invertir los recursos. Con frecuencia los alcaldes y gobernadores contratan IPS, fundaciones terapéuticas o prestigiosas universidades para atender el reto de la educación inclusiva. Al mejor estilo del modelo médico, estos profesionales llegan a la escuelas con mucha ciencia y prácticamente ningún resultado. Contratar un ejército de terapeutas a través de terceros es una estrategia fracasada por dos razones muy sencillas:
Libera de la responsabilidad a los maestros de aula, es decir, a los que efectivamente le enseñan a los niños y niñas. Al no ser ellos los responsables de diseñar e implementar los ajustes razonables, esos maestros creen o quieren creer, equivocadamente, que sin ese ejército de profesionales no pueden hacer nada, se cruzan de brazos mientras los niños y niñas con discapacidad ven vulnerado su derecho a la educación inclusiva. No son todos, pero sí algunos.
Se contratan profesionales de apoyo sin saber bien quién los necesita, dónde y para qué. Durante muchos de estos contratos sirvieron para que estas fundaciones contrataran ejércitos de personas, lo importante era gastar los recursos y, de paso, contratar a los recomendados de algún concejal (Pasa en las películas, pasa en la vida real). Lo que menos importaba era si esos profesionales eran realmente útiles, si atendían necesidades reales, si llegaban a dónde tenían que llegar, si dejaban capacidades instaladas en los colegios.
El Decreto 1421 de 2017 exige que los municipios y departamentos certificados en educación elaboren un plan de implementación progresiva (PIP), es plan, que debe tener una duración de 5 años, debe partir de un diagnóstico real y detallado de cómo están los niños con discapacidad y cuáles son las prioridades.
No todos los lugares son iguales. En algunos faltan niños, quiere decir que la prioridad debe ser el acceso, ir a buscarlos, para que vayan a la escuela. En otros lugares los niños sí están, pero tienen altas tasas de deserción, allí la prioridad debe ser que permanezcan. En algunos lugares la discapacidad mental es mas alta, en otros la discapacidad intelectual, allí el dinero debe usarse para apoyos pertinentes.
En el informe #EscuelaParaTodos: panorama y retos de la educación inclusiva en Colombia les contamos cómo están los departamentos y municipios, así usted puede saber cómo es el desempeño del lugar donde usted vive y qué se debe priorizar allí.
Tarea 6. Ponerse metas interesantes en el Plan de Implementación Progresiva (PIP). Finalmente, luego de saber al detalle cómo está un municipio o departamento en términos de educación inclusiva, hay que trazarse metas ambiciosas en el plan de implementación progresiva (PIP) que ordena el Decreto 1421 de 2017:
Mejorar la cobertura en tanto %. Es decir, que cada vez haya más niños y niñas con discapacidad matriculadas.
Reducir la brecha de género. Es decir, que cada vez haya más niñas y adolescentes mujeres con discapacidad matriculadas.
Reducir la tasa de deserción. Es decir, evitar que los niños y niñas con discapacidad salgan del sistema educativo y no regresen, impedir que estén desescolarizados.
Dispersar la oferta inclusiva en todos los colegios del municipio. Es decir, evitar que los niños y niñas con discapacidad se concentren en algunos colegios, en los que sí están dispuestos a recibirlos. Todos los colegios deben recibir a los niños y niñas con discapacidad.
Mejorar el acceso de los adultos con discapacidad a la oferta de educación para adultos inclusiva.
Articular la oferta de rehabilitación y de cuidado con la oferta escolar para garantizar que ningún niño se quede por fuera.
Las organizaciones de personas con discapacidad deben conocer el detalle de cómo está su municipio o departamento en términos de educación inclusiva, cuáles son las brechas, las necesidades reales. No basta con hablar de forma genérica de educación inclusiva, hay que ser concretos, pues así se invierten los recursos públicos, de manera específica. El informe #EscuelaParaTodos: panorama y retos de la educación inclusiva en Colombia les da un punto de partida, consúltenlo, coméntenlo, compártanlo.