• Lucas Correa

Corte Constitucional colombiana abre una discusión amplia sobre el derecho a la educación inclusiva

Actualizado: 15 de jul de 2019



La demanda #EscuelaParaTodos (identificada con el radicado D-12.208) fue interpuesta por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) el pasado 16 de junio de 2017. Esta demanda busca proteger el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, quienes están sistemáticamente excluidas del Sistema Educativo colombiano.


En la demanda se solicita a la Corte que declare inconstitucional la educación especial y de la educación integrada, reconociendo que implican una discriminación por motivos de discapacidad. Se le ha pedido a la Corte que proteja el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en línea con el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas y que profundice la protección constitucional al derecho a la educación para todas las personas sin importar su discapacidad.


El pasado 17 de julio del 2017 la demanda fue admitida por la Corte con lo que se dará inicio al análisis de constitucionalidad correspondiente. Esta es una oportunidad única para que la Corte Constitucional colombiana profundice la protección a los derechos de las personas con discapacidad.


La demanda #EscuelaParaTodos se divide en dos partes. En la primera, se establece que las normas demandadas promueven una educación especial, la que fomenta exclusión, segregación y discriminación al alejar a las personas con discapacidad de los colegios regulares y de las personas sin discapacidad. De acuerdo con el artículo 24 de la CDPD, –que hace parte del bloque de constitucionalidad–, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar un sistema educativo inclusivo en todos sus niveles y modalidades. Por otra parte, se dice en la demanda que el derecho a la educación inclusiva es una manifestación del derecho a la igualdad en el ámbito educativo y por eso, debe ser respetado. De esta manera la exclusión educativa o la segregación en escuelas especializadas, no es solo una vulneración al derecho a la educación, sino también una forma de discriminación arraigada en nuestra sociedad, que muchas veces se esconde tras el disfraz de la “protección” y el “ambiente más apropiado”.


En la segunda parte de la demanda, DescLAB argumenta que la educación integrada ordenada por el legislador en las normas demandadas, viola el derecho a la educación inclusiva, la igualdad y la especial protección provista por la Constitución Política de 1991 a las personas con discapacidad y a los niños, niñas y adolescentes. La educación integrada, si bien permite el acceso de las personas con discapacidad a la escuela regular, no obliga a las instituciones educativas ni a las autoridades públicas a brindar los apoyos y realizar los ajustes razonables que necesitan los estudiantes con discapacidad para participar y ser incluidos en condiciones de igualdad. La educación integrada no se flexibiliza para dar respuesta a la diversidad en el aula, sino que le impone a los estudiantes la carga de ajustarse a un sistema educativo que en muchos casos los considera “no educables” o que tiene bajas expectativas educativas para con ellos.


En el marco del proceso de análisis de constitucionalidad la Corte Constitucional colombiana abrió una discusión amplia y plural sobre el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Tanto así, que a este diálogo se vincularon 43 autoridades nacionales y locales, universidades y organizaciones nacionales e internacionales. Dentro de las autoridades nacionales y locales están la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Antioquia. Algunas de las universidades, invitadas por la Corte para participar en la discusión en la demanda, son la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Caldas. Finalmente, algunas las organizaciones nacionales e internacionales que harán parte del proceso son la UNESCO Colombia, Asdown Colombia y la Liga Colombiana de Autismo. La lucha por una #EscuelaParaTodos continúa.

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