Colegios privados e inclusión: 14 retos y novedades del Decreto 1421

En agosto de 2017 el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1421 el cual regula la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad en Colombia. Las normas vigentes sobre educación inclusiva aplican a colegios privados y públicos por igual. Esto quiere decir que es falso que los colegios privados puedan excluir o no aceptar niños y niñas con discapacidad. Algunos han abordado el reto de manera positiva, otros se resisten.

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En esta nota de blog les contamos cuales son los 14 retos y novedades que enfrentan los colegios privados para garantizar la educación inclusiva de sus estudiantes.

RETO 1. Los colegios privados deben ser inclusivos, sus obligaciones son las mismas que aplican a los colegios públicos. Ninguna norma colombiana hace diferencias en las obligaciones que tienen los establecimientos educativos (colegios) ya sean públicos o privados. No es una excusa que, un colegio sea privado, para no cumplir el Decreto 1421 de 2017, o para no cumplir las obligaciones que exige el derecho a la educación inclusiva (como aquellas derivadas de la Ley 1618 de 2013, la Constitución Política de 1991 y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Los colegios privados prestan un servicio público y no pueden discriminar o excluir a los estudiantes en razón de su discapacidad.

RETO 2. Poner al estudiante en el centro. La educación inclusiva es un derecho de los estudiantes con discapacidad, no es un derecho de los padres de familia, éstos son aliados del proceso de educación de sus hijos, pero deben elegir, siempre, una educación inclusiva para ellos, de otra manera estarán desescolarizados y sus derechos vulnerados.

Que el estudiante con discapacidad esté en el centro implica que los ajustes razonables y apoyos pedagógicos no están predeterminados en las normas, ni en los lineamientos o en las orientaciones oficiales, tales son apenas una guía. Los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos deben ser identificados y desarrollados a la medida de cada estudiante, desde la valoración pedagógica y desde sus potencialidades.

La falsa idea de que el estudiante es el que se ajusta a las imposiciones del colegio es incompatible con el derecho a la educación inclusiva. No caben acá excusas como que el colegio es muy competitivo, de mucho nivel, bilingüe, entre muchas otras que escuchamos a diario.

RETO 3. El docente de aula es el principal actor de la inclusión. El Decreto 1421 de 2017 establece que es docente de aula el principal responsable de la inclusión de los estudiantes con discapacidad, por supuesto no está solo y debe contar con la ayuda de toda la comunidad educativa.

Llegaron a su fin los días en que el docente de aula pensaba que sus estudiantes con discapacidad era un “problema” de los docentes de apoyo, de los psicólogos, de los educadores especiales, del learning center o de cualquier otra persona menos de él.

El docente de aula es el llamado a conocer a todos sus estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad, planear sus clases para que todos puedan participar, elaborar el PIAR, desarrollarlo, evaluar a los estudiantes, entre otras tareas.

Son la creatividad y la innovación del docente de aula y su trabajo en equipo con la comunidad educativa las que, en buena medida, materializan y hacen viva la educación inclusiva. Ahora, ¿están las universidades y las facultades de educación formando a este tipo de docentes?

RETO 4. Los procesos de admisión que desarrollan los colegios privados no pueden excluir ni discriminar a los niños y niñas con discapacidad. Cada colegio privado es autónomo para regular su proceso de admisión, a través de este proceso se garantiza el acceso al derecho a la educación de muchos niños y niñas con discapacidad.

Que el colegio privado sea autónomo no significa que pueda discriminar o impedir que los niños y niñas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad. Es clave generar conciencia sobre las posibles manifestaciones sutiles o encubiertas que pueden presentarse en los procesos de admisión y que terminan impidiendo el acceso de los niños y niñas con discapacidad a la educación.

Para lograrlo los colegios privados deben generar un ambiente en donde las familias y los niños y niñas que aspiran ser admitidos se sientan protegidos, en donde sea claro que condiciones de salud preexistentes que puedan generar una discapacidad no serán usados como un criterio para impedir el ingreso, es difícil, pero esto necesita un proceso juicioso y serio de revisión de las prácticas dentro del colegio.

Ahora, muchos colegios privados creen que porque no reciben niños y niñas con discapacidad desde los primeros grados no van a tener ningún reto de inclusión. No podrían estar más equivocados. En la mayoría de los casos la discapacidad emerge o se hace visible a lo largo del proceso educativo, así que discriminar desde el acceso, aunque grave, genera poca seguridad para el colegio.

Con frecuencia, los colegios no reciben a los estudiantes diciendo que ya tienen muchos estudiantes con discapacidad en el grado escolar al que aspiran. En esta nota de blog les contamos 3 claves para saber qué hacer. Click aquí para leerla.

RETO 5. Hay que desmedicalizar la educación, los niños y niñas con discapacidad son estudiantes no son un diagnóstico médico. El Decreto 1421 de 2017, al igual que la Ley 1618 de 2013 incorporan el modelo social de la discapacidad. Bajo este modelo la discapacidad deja de entenderse como un sinónimo de enfermedad y pasa a entenderse como una manifestación de la diversidad humana, como un asunto de barreras que discriminan, excluyen o impiden la participación en condiciones de igualdad. Esto lo repetimos hasta el cansancio, pero siempre es pertinente, cada tanto escuchamos hablar de niños especiales, enfermos, con trayectorias atípicas, neuroatípicos, y otros eufemismos que se usan para disfrazar el enfoque médico. Los niños y niñas con discapacidad en el colegio son simplemente estudiantes.

De esta manera, los colegios tienen el reto de desmedicalizar su oferta y servicio. El entorno educativo para los niños y niñas con discapacidad debe ser igual que para los demás niños, un espacio en donde se va a aprender, a estudiar, a crecer como persona; no un lugar en donde se va a recibir terapias, rehabilitación o a ser curado.

Por supuesto que hay relaciones entre la situación de salud de los estudiantes y la escuela, pero el desarrollo de ajustes razonables o la provisión de apoyos para materializar la educación inclusiva no dependen del criterio de los médicos o, de sí se conoce a ciencia cierta el diagnóstico que pueda llegar a tener algún estudiante. En muchos casos tener un diagnóstico preciso toma tiempo y el proceso educativo no puede esperar para comenzar a brindar apoyos y ajustes.

Más que etiquetar con un diagnóstico a los niños y niñas con discapacidad, la educación inclusiva busca que la escuela y los maestros puedan conocerlos, tener altas expectativas, conocer las barreras que enfrentan y brindar los ajustes razonables y apoyos pedagógicos para que puedan pertenecer, participar y ser promovidos en condiciones de igualdad.

La discapacidad de los estudiantes debe llevar a la escuela y a los docentes a preguntarse más por qué pueden hacer, qué apoyos y ajustes pueden proveer para garantizar la permanencia y participación y, menos, por saber qué tiene el estudiante. Tener un diagnóstico médico le sirve poco a un docente inclusivo, pero muchas veces, el deseo desmedido por conocerlo encubre el ánimo de discriminar y segregar.

En esta nota de blog les contamos 6 retos que enfrentan los maestros al momento de valorar pedagógicamente a sus estudiantes, con sus saberes y en el salón de clases. Click aquí para leerla.

RETO 6. Los colegios privados deben tener una estrategia que permita reconocer los signos de alerta sobre una posible discapacidad, dificultad de aprendizaje o sobre alguna característica diversa. En muchos casos los maestros subvaloran su rol en la identificación de la discapacidad, ello porque consideran que la discapacidad es un asunto reservado a especialistas. Con frecuencia, es la escuela quien identifica una posible discapacidad o dificultad de aprendizaje de un estudiante, ello porque los maestros pasan mucho más tiempo con los niños que los profesionales de la medicina, los ven interactuar con sus pares, comparan su desarrollo con el de sus compañeros, entre otras. Los colegios privados deben diseñar una estrategia en la que los maestros tengan la oportunidad de identificar signos de alerta, compartirlos con sus pares y con otros profesionales en la comunidad educativa.

Una estrategia de este tipo debe tener un componente de salud que permita conocer, con mayor detalle, aquellas situaciones, enfermedades o situaciones que pueden enfrentar los niños y niñas en la escuela, a lo largo de todas las edades. No obstante, esta relación con salud debe darse con cuidado de no medicalizar el proceso. Tener información sobre situaciones de salud no puede quedarse allí, pues ello llevaría al etiquetado de los estudiantes y a la imposición del diagnóstico sobre el estudiante, sus potencialidades y necesidades.

Conocer la situación de salud debe llevar a reflexiones pedagógicas y didácticas que permitan detonar la creatividad y la innovación docente para hacer viva la educación inclusiva, no para ponerle etiquetas a los niños y niñas con discapacidad.

Adicional al componente de salud positivo y coherente con el derecho a la educación inclusiva, la estrategia debe tener un componente de trabajo con familia. No basta con poder identificar algunos signos de alerta, se requiere que los docentes puedan comunicarlos de manera positiva y constructiva a los padres y madres de familia, de forma que potencien la diversidad y el enfoque de derecho. De nada sirve una estrategia de este estilo si termina por promover estigmas y prejuicios en relación con la discapacidad y lo único que logra es generar resistencia en la familia, hay que cuidar las palabras.

La educación inclusiva comienza con los retos de los estudiantes con discapacidad pero va mucho más allá. En esta nota de blog les contamos hacia dónde va el mundo en educación. Click aquí para leerla.

RETO 7. El colegio privado debe tener regulado el procedimiento para registrar la discapacidad en el SIMAT. Una vez la condición de discapacidad, cada colegio debe registrar la condición de discapacidad de sus estudiantes matriculados, ello ayuda al Sistema Educativo y a la comunidad en general a conocer a la población con discapacidad en edad escolar. Algunos colegios creen, equivocadamente, que no tienen estudiantes con discapacidad porque tales no están registrados. El registro en el SIMAT, en el caso de los colegios privados, sirve para mejorar las fuentes de información, pero no hacerlo no significa que la discapacidad y las necesidades de apoyo y ajustes que de ella derivan desaparezcan.

Esta es una tarea que debe hacerse con rigor, para ello es clave conocer las diferentes categorías de discapacidad que permite reconocer el SIMAT, establecer cómo se define qué estudiantes son registrados, qué documentos deben acompañar ese registro y deben constar en la historia escolar. El diagnóstico médico es uno de esos documentos útiles pero, en otros casos pueden usarse también las impresiones de los docentes, las valoraciones pedagógicas, los PIAR, entre otros. Tener una historia escolar nutrida y detallada es un insumo clave para un registro efectivo y para un proceso de educación inclusiva serio.

RETO 8. La educación inclusiva debe estar en el PEI, no es una moda, ni una tendencia que vaya a desaparecer en el corto plazo. La educación inclusiva es un derecho humano incorporado en la Constitución Política de Colombia y en la ley. Por ello el Decreto 1421 de 2017 establece que todos los colegios privados deben incorporar el enfoque de inclusión en sus proyectos educativos institucionales (PEI), observando las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.

Como lo establece el Ministerio de Educación Nacional, el PEI es la carta de navegación de los colegios. A través del PEI cada colegio establece la forma como se alcanzarán los fines que la ley le ha fijado a la educación. Allí se fijan los principios, recursos, la estrategia pedagógica, los reglamentos y el sistema de gestión. La inclusión, la diversidad y la no discriminación deben estar presentes en el PEI de todos y cada uno de los colegios privados.

El ajuste del PEI a la luz del derecho a la educación inclusiva no es un asunto cosmético que se agote con la inserción de algunos párrafos. Todo lo contrario, el ajuste del PEI a la luz del Decreto 1421 de 2017 debe motivar una reflexión profunda en la comunidad educativa, ello para lograr que la transformación de las políticas no sea solo a nivel discursivo, sino que pueda permear la cultura y las prácticas.

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RETO 9. El enfoque de educación inclusiva debe permear los procesos de autoevaluación y el Plan de Mejoramiento Institucional. La educación inclusiva no es algo que pasa solamente en el salón de clase o un esfuerzo solitario de los maestros. Los apoyos y ajustes razonables que de desarrollan, la elaboración de los PIAR, los aprendizajes logrados deben permear el sistema y los procesos de autoevaluación, deben hacerse visibles a todo el establecimiento educativo y convertirse en acciones de mejora en las que se comprometan todos los miembros de la comunidad educativa.

Esto se logra abriendo espacios de discusión, de co-creación y de formación entre maestros dentro del mismo colegio, de forma que ayuden y motiven a otros miembros de la comunidad educativa.

RETO 10. Cada estudiante con discapacidad debe tener un PIAR. El Decreto 1421 de 2017 introduce los Planes Individualizados de Ajustes Razonables (PIAR) como la herramienta principal para materializar el derecho a la educación inclusiva. Estos documentos deben entenderse como una oportunidad para materializar la educación inclusiva no como una carga para el docente de aula.

El PIAR es un documento vivo, cada colegio debe diseñar su propio formato siguiendo los mínimos exigidos en el Decreto. El PIAR busca que los docentes conozcan a sus estudiantes, plasmen sus potencialidades por escrito, consignen las estrategias, apoyos y ajustes que implementan, indiquen tanto aquello que funciona como lo que no funciona.

El PIAR es responsabilidad de cada docente de aula y exige que cada estudiante sea tomado en serio. Allí deben fijarse lo logros y metas que deben ser alcanzados, así como los apoyos y ajustes que van a llevarse a cabo. El docente de aula de aula debe construirlo con la participación de la familia y del mismo estudiante con discapacidad.

El Decreto 1421 de 2017 exige que los PIAR sean elaborados o actualizados en los primeros tres meses del año escolar. La idea del PIAR es que sea un documento que se usa para la planeación docente, para la elaboración de los informes de avance de los estudiantes, entre otras. En él deben consignarse los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos que requiere cada estudiante, ya sea en términos de contenidos, competencias, evaluación, jornada escolar, entre otros.

El PIAR debe ser formalizado con un acta de acuerdo suscrita por la familia. El PIAR no es un documento que se hace en privado y de manera ajena a las familias. En muchos casos los padres y madres pueden y deben aportar en su construcción. El PIAR es, además, una herramienta de monitoreo y seguimiento de las actividades docentes para las familias.

Los PIAR son una oportunidad para la innovación en la práctica docente, exigen planear las actividades poniendo a los estudiantes en el centro, evaluar permanentemente lo que se desarrolla, así como probar nuevas estrategias para garantizar la participación de los niños y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones. El PIAR exige el trabajo en equipo de los docentes, particularmente en las transiciones entre grados y particularmente en el bachillerato.

En esta nota de blog les contamos 7 elementos clave que no pueden faltar en el PIAR. Click aquí para leerla.

RETO 11. No existe la promoción automática de los estudiantes con discapacidad, los colegios privados deben establecer los criterios de evaluación de manera previa y transparente para evaluar en condiciones de igualdad. El Decreto 1421 de 2017 no incorpora el derecho a la promoción automática de los estudiantes con discapacidad, éstos, como todos los demás estudiantes van a la escuela a aprender, no a socializar.

Es una violación del derecho a la educación inclusiva no evaluar a los estudiantes con discapacidad. La evaluación inclusiva es un reto para el colegio privado que le exige articular la evaluación y los criterios de promoción con los PIAR y con la provisión real de ajustes razonables y apoyos educativos a lo largo de los periodos académicos.

Es viable que un estudiante con discapacidad repruebe el año escolar y no sea promovido, pero los criterios de evaluación deben ser claros y transparentes, la reprobación no puede derivar de la no prestación de los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos. En cualquier caso, el Decreto 1421 de 2017 exige que, si un estudiante con discapacidad es reprobado, el colegio debe garantizar el cupo para el siguiente periodo escolar.

¿Puede perder el año escolar un estudiante con discapacidad? En esta nota de blog le contamos 7 claves sobre la evaluación flexible. Click aquí para leerla.

RETO 12. Los colegios privados deben tener una estrategia propia de trabajo con las familias. Las familias son actores clave en la educación inclusiva, de esta manera, el colegio privado no puede dejar al azar su articulación con ellas, o delegar la responsabilidad en el docente de aula de manera solitaria.

La estrategia debe desarrollar una aproximación positiva con las familias de los estudiantes con discapacidad, acompañarlos, ayudarles a asimilar la condición desde un enfoque positivo y de capacidades que supere estigmas y estereotipos.

La estrategia debe promover el involucramiento de las familias, no solo en su rol de articuladora de la escuela con el sistema de salud, sino como un actor central de la educación de sus hijos.

Las acciones de la estrategia no pueden limitarse únicamente a las familias de los estudiantes con discapacidad, sino que deben trascender a las demás familias y permear los encuentros generales y las escuelas de padres.

RETO 13. Los manuales de convivencia deben ser revisados y reformados a la luz de la educación inclusiva. Los colegios privados deben revisar sus manuales de convivencia a la luz de la educación inclusiva con dos objetivos iniciales. En primer lugar, promover un entorno escolar respetuoso de la diversidad y prevenir la discriminación en contra de los estudiantes con discapacidad, el acoso y el matoneo, generando responsabilidades, faltas y procedimientos para actuar cuando situaciones como estas surjan.

En segundo lugar, los manuales de convivencia deben establecer las responsabilidades y deberes de los estudiantes con discapacidad y sus familias como actores corresponsables de la educación inclusiva.

RETO 14. Los colegios privados deben tener estrategias de formación docente sobre educación inclusiva. Las facultades de educación donde se forman los actuales maestros están aún muy lejos de proveer la formación necesaria que requieren los procesos de inclusión.

Es una buena idea buscar formación específica en oferta externa sobre aspectos como el diseño universal para el aprendizaje, flexibilizaciones curriculares, entre otros temas. Sin embargo, también es clave crear espacios de formación entre pares, en los que, todos los docentes pueden formarse a partir de la experiencia, de los aciertos, desaciertos y de las prácticas que tienen lugar en los colegios. No hay que perder de vista que cada colegio funciona como un laboratorio en donde las oportunidades formativas son innumerables.

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